Fiscal Federal Ramiro González
La actuación profesional del Fiscal Ramiro González se despliega en tres ejes principales: su desempeño como titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7; la conducción de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA); y su actuación como titular de la Fiscalía Nacional Electoral.
En su cargo en la Fiscalía Federal Nº 7, su intervención se produce en la etapa investigativa, en la cual propone y ejecuta medidas probatorias, recibe declaraciones testimoniales, analiza la prueba reunida durante la instrucción y propone eventualmente la elevación a juicio de las causas, actuando siempre conforme a las garantías constitucionales. La Fiscalía Nº 7 interviene en causas que involucran delitos de competencia federal, como el tráfico de estupefacientes y hechos contra la administración pública.
Desde el año 2006, González también dirige la UFIMA, una unidad especializada en materia penal ambiental con alcance federal. Las causas en las que interviene esta unidad se vinculan con afectaciones graves al ambiente, como pueden ser los derrames industriales, la disposición de residuos peligrosos o el comercio ilegal de fauna protegida. Estas actuaciones se concentran en hechos cuya calificación penal exige una prueba de carácter técnico, peritajes ambientales y un análisis normativo específico, siempre bajo control judicial.
Como titular de la Fiscalía Nacional Electoral, participa en la supervisión jurídica de procesos comiciales y en el análisis de cuestiones vinculadas con partidos políticos, financiamiento electoral y cumplimiento del régimen electoral vigente.
Sus tareas en este ámbito incluyen el tratamiento de cuestiones vinculadas con la personería de los partidos políticos, el financiamiento de las campañas y el cumplimiento del régimen electoral vigente. La trayectoria de Ramiro González en el Ministerio Público Fiscal abarca, por tanto, distintas áreas con perfiles propios, pero que comparten un hilo común: la aplicación del derecho positivo en causas judiciales con impacto social e institucional.
