Marcelo Álvarez
Con casi cuatro décadas en la industria solar, pasó por BP Solar y Total y una secretaría en el Global Solar Council, Marcelo Álvarez preside por segunda vez la Cámara Argentina de Energías Renovables. Su mandato 2026–2027 llega con las renovables en niveles récord y una ley de transición energética escrita desde el sector privado.
Del laboratorio a las gerencias regionales
Pocos dirigentes empresarios argentinos vieron nacer la industria en la que hoy mandan. Su ficha biográfica de 2023 consignaba 37 años dedicados a la energía solar, entre la investigación y la gestión privada. Fue investigador científico en la Universidad de Buenos Aires y en Oxford Brookes University, en el Reino Unido, y esa doble pertenencia explica su estilo público: argumenta con estudios en la mano y traduce números técnicos al lenguaje de negocios.
El tramo corporativo no fue menor: ocupó gerencias regionales en Solarex, BP Solar y Total Energie–Tenesol, la unidad solar del grupo Total. Tres etapas distintas de la energía fotovoltaica mundial. Actualmente dirige CORAL Energía e integra el directorio de IRESUD, el consorcio público-privado que desarrolla tecnología fotovoltaica para entornos urbanos.
Dos veces al frente de CADER
La Cámara Argentina de Energías Renovables lo tuvo como presidente en la segunda mitad de la década pasada y volvió a elegirlo el 24 de noviembre de 2025. Comparte la conducción con Agustín Siboldi, Martín Dapelo y Alejandro Parada.
El regreso coincidió con el mejor momento estadístico del sector: el 19 de octubre de 2025 las renovables cubrieron el 44,28% de la demanda del sistema interconectado nacional y la potencia instalada superó los 7 GW, con 4.476 MW eólicos y 2.192 MW solares. Conducir la cámara en ese contexto tiene menos que ver con evangelizar sobre el recurso disponible y más con destrabar cuellos de botella regulatorios y financieros.
El reconocimiento internacional había llegado en octubre de 2019: la asamblea anual del Global Solar Council, en Salt Lake City, lo eligió secretario del organismo junto a los titulares de las cámaras solares de India, China, España, Brasil y Estados Unidos, entre otras.
La pelea por la generación distribuida
Su marca de gestión más nítida está en la ley 27.424, que habilita a usuarios residenciales, comerciales e industriales a inyectar excedentes renovables a la red: CADER participó de los primeros borradores buscando que el texto llegara al Congreso con apoyo transversal. Cuando el Ejecutivo la reglamentó mediante el decreto 986/2018, publicó una evaluación sin complacencia: el esquema de compensación en dinero y no en energía desalienta aprovechar toda la superficie útil de un techo solar, porque premia únicamente cubrir el autoconsumo. Aun así defendió la herramienta y propuso homologar instaladores auditados por muestreo, al modo de Ontario, en lugar de certificar conexión por conexión. También consideró corta la meta oficial de 1.000 MW en doce años.
Una ley escrita desde el sector privado
La agenda que ordena su presidencia es un proyecto de ley de transición energética en el que la cámara trabaja desde hace dos años. Tiene siete capítulos —hidrógeno verde, RenovAr, uso racional de la energía, rol residual del petróleo y el gas, redes y financiamiento como eje transversal— con una previsión política deliberada: seis pueden convertirse en leyes independientes si no aparece voluntad para una norma integral.
El argumento con el que sale a defenderlo dice mucho de su método. Evita el encuadre climático frente a los funcionarios y lo plantea como oportunidad de negocios: inversión adicional, electricidad más barata, saldo exportable liberado en Vaca Muerta, empleo y anticipación a los impuestos al carbono en frontera. No pide fondos públicos, pide reglas. Cita un estudio del PNUD que compara escenarios a 2050: el intensivo en renovables ahorraría 31.000 millones de dólares contra 14.000 del intensivo en gas, mitigaría 59% de emisiones frente a 6% y generaría 139.000 empleos hacia 2030 contra 13.000, siempre que el país consiga una tasa de interés equivalente al promedio latinoamericano.
Cómo construye poder
El rasgo que más se repite en su trayectoria es la búsqueda de coaliciones amplias. CADER reúne unas 120 empresas, pero el proyecto se trabajó junto a la Unión Industrial Argentina, entidades del campo, universidades, AGEERA, ADEERA, transportistas y CAMMESA, para presentarlo como un pedido del sector privado y no como el reclamo de un lobby. Tampoco plantea el debate como guerra contra los hidrocarburos: la transición se hace con renovables y con gas, y la discusión honesta es quién financia cada parte de la curva.
Trabaja con dos horizontes explícitos: el ambicioso es la sanción de la ley; el realista, que la dirigencia política asuma que las renovables son plataforma de crecimiento económico y deje el paquete armado para después de las elecciones presidenciales. Fijar un objetivo máximo sin quedar atado a él es la habilidad más útil en un país donde los marcos regulatorios cambian con cada ciclo.
